Koldo García queda en libertad pese al riesgo de fuga que señala el juez
El caso que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, sigue generando titulares y tensiones políticas. Este jueves, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidió mantener en libertad a Koldo García, aunque reconoció en su auto un “creciente riesgo de fuga” y la posibilidad de que el exasesor disponga de dinero opaco en el extranjero.
La decisión llega tras una vistilla en la que el magistrado escuchó a las partes y revisó las nuevas pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que refuerzan los indicios de corrupción en la conocida como trama Koldo, relacionada con contratos públicos y el presunto cobro de comisiones irregulares.

Medidas cautelares y sospechas de dinero oculto
El juez ha decidido mantener las mismas medidas cautelares que ya tenía Koldo García: la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la prohibición de salir del país. Sin embargo, el tono del auto judicial refleja un cambio de percepción.
Leopoldo Puente asegura que los indicios se han “consolidado” con las últimas conversaciones analizadas por la UCO, en las que Koldo y su exmujer hablaban de movimientos de dinero en efectivo. Según los agentes, él era quien se encargaba de suministrar fondos para cubrir los gastos personales del entonces ministro Ábalos.
El magistrado también apunta que el exasesor podría haber escondido parte del dinero obtenido de forma ilícita fuera de España, lo que aumenta el riesgo de fuga. Aun así, considera que por el momento no hay pruebas suficientes para decretar prisión provisional, una decisión que ha dividido a la opinión pública y ha sido duramente criticada por la oposición.
El silencio de Koldo y la reacción del fiscal
Koldo García llegó al Supremo con su abogada y una mochila “por si el juez decidía mandarlo a prisión”. Finalmente, no fue necesario. Sin embargo, decidió no declarar y acogerse a su derecho al silencio, alegando que no podía defenderse sin acceso a sus teléfonos móviles, actualmente intervenidos por la UCO.
“Sin ellos no tengo ningún tipo de defensa, no puedo hacer absolutamente nada”, afirmó ante los periodistas a la salida del tribunal.
Estas declaraciones provocaron el malestar del fiscal anticorrupción, que reprochó al acusado haber guardado silencio en la sala después de hablar con los medios.
Su actitud ha reavivado las críticas hacia un caso que, poco a poco, se está convirtiendo en un nuevo frente político para el Gobierno.
Ábalos, en el punto de mira
Mientras su exasesor comparecía ante el juez, José Luis Ábalos seguía ausente del Congreso, aunque su nombre volvió a ocupar buena parte de las intervenciones parlamentarias. Desde el Partido Popular y Vox, se pidió abiertamente su dimisión como diputado, alegando que su permanencia “daña la imagen del Congreso y del país”.
El juez, en su auto, incluso reconoció el “estupor” que genera ver al exministro ocupando todavía su escaño, pese al estado avanzado de la instrucción. Esa palabra —estupor— ha sido repetida por la oposición y por varios comentaristas políticos, que la consideran un reflejo del hartazgo social ante la corrupción.
Desde el PSOE, sin embargo, el mensaje es otro: presunción de inocencia y respeto a la separación de poderes. La ministra portavoz subrayó que “cada poder debe actuar en su ámbito” y recordó que, mientras no haya condena, no se puede forzar a nadie a abandonar su cargo electo.
Los socios del Gobierno presionan
La controversia no solo enfrenta al Gobierno con la oposición, sino también con sus propios socios parlamentarios. Desde Sumar y ERC, han sugerido que se reforme el reglamento del Congreso para poder suspender temporalmente a diputados imputados por delitos graves de corrupción.
“Es una opción que la mayoría parlamentaria debería plantearse”, afirmaron fuentes de la coalición, aunque la presidencia del Congreso ya ha dejado claro que no prevé cambios normativos por ahora.
Para el Gobierno, modificar las reglas a mitad de legislatura podría interpretarse como un gesto de debilidad. Pero el debate está abierto y amenaza con convertirse en un nuevo foco de fricción dentro del bloque progresista.
Sánchez, citado en el Senado
El caso seguirá creciendo políticamente en las próximas semanas. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha citado al presidente Pedro Sánchez para que comparezca el 30 de octubre en la comisión de investigación sobre la trama Koldo.
La fecha elegida ha generado polémica: el PSOE considera que el PP ha actuado con “bajeza moral” al situar la cita justo después del aniversario de la Dana, el temporal que devastó parte del Levante español en 2023.
Sea como sea, la comparecencia será clave. El Gobierno intenta desvincularse de los escándalos pasados, pero la oposición prepara una ofensiva política que podría reabrir el debate sobre la corrupción en la etapa socialista y erosionar la imagen del Ejecutivo a pocos meses de los próximos comicios europeos.
Un caso que simboliza el hartazgo ciudadano
Más allá de los tecnicismos judiciales, el caso Koldo se ha convertido en un símbolo del desencanto ciudadano con la clase política. La sensación de impunidad, los escándalos que se arrastran durante años y la lentitud de la justicia han creado un clima de desconfianza que trasciende siglas.
El propio juez lo insinuaba en su escrito al hablar del “estupor generalizado”. Muchos ven en esta palabra una síntesis de lo que se respira en la calle: hartazgo, frustración y desilusión.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa. Falta por esclarecer el papel de varios intermediarios y la ruta exacta del dinero, pero el mensaje es claro: la sombra de la corrupción vuelve a planear sobre la política española, y el nombre de Koldo García se ha convertido en el nuevo epicentro de esa tormenta.
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