El caso Mazón se complica: la justicia da un giro y acepta el testimonio clave de Maribel Vilaplana

Lo que parecía un asunto menor comienza a tomar cuerpo. La Audiencia Provincial de Valencia ha corregido a la jueza instructora del conocido como caso Mazón y ha ordenado que se escuche el testimonio de la periodista Maribel Vilaplana, pieza clave en una historia que combina política, gestión pública y sospechas de falta de diligencia en plena catástrofe natural.

El asunto se remonta a la Dana que golpeó la Comunidad Valenciana hace más de un año, dejando graves daños materiales y varias víctimas. Aquel mismo día, mientras el temporal azotaba buena parte del territorio, el entonces recién elegido presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), se encontraba comiendo con la periodista durante casi cuatro horas en un restaurante de Valencia.

En aquel momento, el encuentro parecía irrelevante. Pero meses después, una carta enviada por Vilaplana a los medios de comunicación cambiaría por completo el enfoque del caso.

La carta que lo cambió todo

El 5 de septiembre, Maribel Vilaplana decidió romper su silencio. En su carta relató con precisión lo que ocurrió durante esa comida: llamadas constantes, interrupciones, y una actitud de Mazón que, según ella, no reflejaba preocupación alguna por lo que estaba pasando fuera.
Detalló que el presidente recibió avisos sobre la magnitud del temporal, pero que en ningún momento abandonó el encuentro ni dio señales de alarma.

La jueza que instruía la causa había rechazado hasta en dos ocasiones citar a Vilaplana como testigo, alegando que “su testimonio desviaría el foco de la investigación”. Sin embargo, la Audiencia ha dado ahora un giro completo: seis magistrados han coincidido en que su declaración es “pertinente y necesaria”, ya que puede ofrecer información directa sobre la actitud y decisiones de Mazón en un momento de crisis.

El tribunal ha ido incluso más allá: advierte que si del testimonio surgen indicios de criminalidad, el caso deberá elevarse al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, debido al aforamiento del presidente.

Las consecuencias políticas: el PP cierra filas, la oposición se enciende

En el entorno del presidente valenciano ha cundido un evidente malestar. Fuentes cercanas a Mazón aseguran que “no hay nada que ocultar” y que la comida con Vilaplana fue un encuentro privado sin relación alguna con la gestión de la emergencia.
Aun así, reconocen que la decisión de la Audiencia “abre un escenario incómodo” justo cuando el PP valenciano intenta proyectar una imagen de estabilidad y eficacia institucional.

Desde la oposición, las reacciones no se han hecho esperar. El PSOE y Compromís han exigido que Mazón dé explicaciones públicas y que, si el tribunal encuentra cualquier indicio de delito, se aparte temporalmente del cargo.
Algunos diputados han llegado a calificar lo ocurrido como “una falta de empatía institucional en un momento crítico para la población”.

Mientras tanto, desde Vox —socio de gobierno en la Comunidad Valenciana— se ha optado por la prudencia. No han hecho declaraciones directas, pero internamente temen que el asunto erosione la imagen conjunta del ejecutivo autonómico.

Qué está en juego para Mazón

Más allá del ruido político, el problema para Mazón es de fondo. La Audiencia no lo está imputando, pero sí abre la puerta a una investigación que podría hacerlo si se detecta algún indicio de negligencia, omisión de funciones o incluso prevaricación.
En ese caso, el presidente debería ser investigado directamente por el Tribunal Superior, lo que supondría un golpe institucional de primer orden.

No se trata solo de un riesgo judicial. El verdadero coste puede ser la pérdida de credibilidad. Mazón ha intentado construir una imagen de gestor eficaz, con discurso moderado y foco en la recuperación económica. Pero este episodio choca de frente con ese perfil: un presidente comiendo durante horas mientras media región estaba bajo el agua es una imagen difícil de justificar ante la opinión pública, aunque no implique delito alguno.

La figura de Maribel Vilaplana

Periodista veterana y figura reconocida en la Comunidad Valenciana, Maribel Vilaplana se ha convertido de forma inesperada en una protagonista política.
Su decisión de contar lo ocurrido —primero mediante una carta y ahora como posible testigo judicial— ha dividido opiniones. Algunos la acusan de buscar notoriedad; otros, de actuar movida por un sentido de responsabilidad cívica.

Ella, por su parte, ha insistido en que no busca perjudicar a nadie, sino “contar la verdad sobre un día que nunca debió pasar inadvertido”.
Su testimonio, en cualquier caso, será determinante para saber si el encuentro con Mazón fue una simple comida o si, como sostiene la oposición, se trató de un ejemplo de falta de reacción ante una emergencia grave.

La Audiencia Provincial marca el camino

La resolución de la Audiencia es clara: “El testimonio de la periodista puede aportar información que solo ella, el presidente y sus interlocutores conocen.”
Esa frase ha encendido las alarmas en el Palau de la Generalitat. No implica una acusación, pero sí un aviso de que la investigación podría escalar.

A partir de ahora, la Fiscalía y el juzgado deberán recopilar todos los datos posibles: registros de llamadas, comunicaciones internas y actas de coordinación durante la Dana.
Si se demuestra que Mazón recibió avisos formales y no actuó en consecuencia, el caso podría tener implicaciones penales.

Por ahora, el entorno del presidente insiste en que cumplió con todos los protocolos y que los servicios de emergencia estaban activos desde primera hora. Pero la versión oficial comienza a resquebrajarse bajo el peso del relato de Vilaplana.

Un caso que puede marcar el futuro político valenciano

El caso Mazón está lejos de cerrarse. Lo que comenzó como un rumor periodístico ha evolucionado en cuestión de semanas hacia un proceso judicial con implicaciones políticas de primer nivel.
Si la justicia detecta irregularidades, el presidente se enfrentará no solo a los tribunales, sino también a una crisis de confianza dentro de su propio partido.

Y aunque el PP valenciano intenta restar importancia al asunto, el calendario juega en su contra: con presupuestos autonómicos bloqueados y la tensión social por los recortes, una investigación de este tipo puede convertirse en el principio del fin de una legislatura que prometía estabilidad.

Por ahora, Mazón resiste y evita hacer declaraciones más allá de lo imprescindible. Pero en la Comunidad Valenciana, todos saben que cuando la justicia pide explicaciones, el silencio pesa más que las palabras.