El caso Amama: mujeres afectadas por retrasos en cribados de cáncer de mama en Andalucía

En Andalucía ha estallado una grave polémica sanitaria que podría tener consecuencias judiciales y políticas. La asociación Amama ha denunciado que decenas de mujeres habrían sufrido graves retrasos en sus pruebas de detección del cáncer de mama, y algunas de ellas habrían fallecido mientras esperaban los resultados o una nueva cita médica. El caso ha sacudido la sanidad pública andaluza y ha puesto en el centro del debate la gestión de los cribados oncológicos en el sistema sanitario.

Según la organización, esos retrasos no son simples incidencias administrativas, sino fallos graves que han tenido consecuencias fatales. “Ya tenemos varios casos de mujeres muertas por esto”, declararon esta semana. Entre ellas, mencionan el de una paciente que esperó casi un año tras un resultado dudoso y falleció antes de recibir atención.

Qué denuncian las afectadas

Amama sostiene que existe una falta de control y coordinación dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que estaría provocando que muchas mujeres con pruebas sospechosas no sean citadas a tiempo para confirmaciones o biopsias. Además, denuncian que los recursos destinados a los programas de detección precoz se han reducido en los últimos años, especialmente en zonas rurales o con menor personal sanitario disponible.

Las afectadas aseguran haber presentado numerosas reclamaciones sin obtener respuesta y acusan al SAS de “negligencia estructural”. Reclaman también que se revisen los protocolos de seguimiento de los cribados y que se investigue si hubo ocultación de datos o manipulación estadística para maquillar los tiempos de espera oficiales.

La denuncia colectiva

Tras semanas de presión, la asociación ha anunciado que presentará una denuncia colectiva ante los tribunales. En la causa participará también el Defensor del Paciente, y ya han confirmado su apoyo varios partidos políticos como Izquierda Unida y Adelante Andalucía, que piden que se depuren responsabilidades políticas y, si procede, penales.

El objetivo de la denuncia es esclarecer si existió una cadena de negligencias que derivó en muertes evitables y determinar si hubo incumplimientos en los protocolos sanitarios o en la gestión de las listas de espera.

La respuesta del Gobierno andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado que se “depurarán responsabilidades si se confirma cualquier irregularidad” y ha anunciado la presentación de un plan de choque para reforzar los diagnósticos oncológicos y reducir las demoras.

La Junta presentará mañana los detalles de ese plan, que incluiría medidas urgentes de refuerzo en los servicios de radiología, más recursos humanos y la actualización de equipos técnicos. Desde el Ejecutivo autonómico defienden que el sistema sanitario “está respondiendo dentro de sus posibilidades” tras los efectos de la pandemia y la falta de profesionales en algunas provincias.

Reacciones políticas y sociales

El caso ha tenido una gran repercusión en toda España. Colectivos de pacientes, médicos y asociaciones feministas han expresado su indignación ante una situación que consideran “inadmisible en un país desarrollado”. Para muchos, este escándalo pone de relieve la necesidad de blindar los programas de detección precoz frente a los recortes o la saturación hospitalaria.

En el plano político, los partidos de la oposición exigen una investigación parlamentaria y la comparecencia del consejero de Salud. Consideran que el Gobierno andaluz ha actuado tarde y solo tras la presión mediática. Mientras tanto, los colegios de médicos recuerdan que el diagnóstico temprano del cáncer de mama aumenta drásticamente las posibilidades de supervivencia, y que cualquier retraso de meses puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La importancia del diagnóstico precoz

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en España. Cada año se detectan más de 34.000 nuevos casos, y las campañas de cribado han sido fundamentales para reducir la mortalidad.

En Andalucía, como en otras comunidades, las mujeres de entre 50 y 69 años reciben invitaciones para realizarse mamografías periódicas. Pero cuando esas pruebas arrojan resultados dudosos, el sistema debe activar de inmediato un protocolo de revisión que no siempre se está cumpliendo. En el caso Amama, los retrasos han puesto en evidencia las debilidades del sistema de seguimiento y coordinación médica.

El papel del Defensor del Paciente

El Defensor del Paciente, una organización que lleva décadas apoyando casos de negligencia médica, se ha sumado a la denuncia y ha pedido una auditoría sanitaria independiente. Consideran que la magnitud del problema podría ser mucho mayor de lo que se ha hecho público, y advierten de que otras comunidades podrían estar en una situación similar.

También proponen la creación de un registro público de incidencias en cribados oncológicos, que permita detectar y corregir los retrasos antes de que se conviertan en tragedias.

Qué puede pasar ahora

El caso podría derivar en responsabilidades penales si los tribunales concluyen que existió negligencia grave o falta de supervisión administrativa. Además, la presión social podría impulsar una reforma profunda del sistema de cribados en Andalucía, con nuevos protocolos y más recursos.

De confirmarse los fallos, se abriría un precedente importante en España: sería la primera vez que un grupo de pacientes demanda colectivamente a una administración sanitaria por la muerte de mujeres a causa de retrasos diagnósticos.

Artículos relacionados