Madrid se desmarca: Ayuso mantiene su negativa a crear el registro de objetores al aborto
La Comunidad de Madrid ha confirmado que no pondrá en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto, una base de datos prevista en la reforma de la ley de 2023. A diferencia de Aragón y Baleares, que finalmente han decidido activarlo tras el requerimiento del Ministerio de Sanidad, Madrid ha optado por dejar el asunto en manos de los tribunales.
Un plazo que vence sin acuerdo y una posición firme
Este viernes terminaba el mes de margen que Sanidad había dado a las tres autonomías gobernadas por el Partido Popular para adoptar el registro. Desde el Ejecutivo estatal aseguran que tanto Aragón como Baleares ya han iniciado el proceso, mientras que Madrid ha comunicado que no lo hará.
La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que esperará “hasta medianoche” para una posible rectificación y anunció una rueda de prensa para abordar el tema.
Por su parte, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, defiende la decisión afirmando que la comunidad “cree en el aborto legal, seguro y poco frecuente”, y rechaza que se “señale o persiga” a profesionales o pacientes. Además, argumenta que prefiere que sea un tribunal quien determine los pasos a seguir.
Un debate que viene de semanas atrás
La controversia se remonta a octubre, cuando Isabel Díaz Ayuso manifestó públicamente su rechazo al registro con una frase que generó un amplio debate público. Desde entonces, el Gobierno regional ha insistido en que la utilidad de esta herramienta es limitada y que su puesta en marcha no aporta mejoras en la gestión sanitaria.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sostiene lo contrario. Según el Gobierno central, este tipo de registros permite organizar los servicios, evitar discriminaciones y garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos y condiciones que marca la ley.
Qué busca realmente este registro
El registro de objetores no incluye las razones personales de quienes deciden acogerse a la objeción de conciencia y solo puede consultarse por parte de las autoridades sanitarias. No se trata de un listado público ni de un mecanismo para señalar a profesionales, sino de una herramienta interna para planificar recursos.
Su objetivo es equilibrar cargas, evitar que los no objetores queden concentrados en unos pocos centros y asegurar la disponibilidad de personal para realizar la intervención sin desplazar el derecho de ningún colectivo.
Reacciones políticas y un escenario que seguirá abierto
La decisión madrileña ha generado reacciones diversas. Desde la oposición se insiste en que la comunidad debe cumplir la ley, mientras que el Gobierno central estudia los siguientes pasos tras agotarse el plazo.
La situación también ha reabierto el debate interno en el Partido Popular sobre cómo abordar este tema a nivel nacional. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de ajustarse a la ley vigente, aunque plantea modificaciones futuras.
Por ahora, Madrid se mantiene como la única comunidad que no iniciará el registro, lo que deja el asunto pendiente de una resolución judicial.
