Sánchez presiona a las comunidades para garantizar el derecho al aborto

El Gobierno ha abierto un nuevo frente con varias comunidades autónomas por el cumplimiento de la ley del aborto. Pedro Sánchez ha enviado una carta formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid instándoles a crear en un plazo máximo de tres meses el registro de objetores de conciencia que establece la legislación vigente. Si no lo hacen, advierte, el Ejecutivo activará los mecanismos legales necesarios para obligarles a cumplir.

En algunas autonomías, la falta de profesionales dispuestos a practicar interrupciones del embarazo —por objeción de conciencia o falta de recursos— hace que el derecho, aunque reconocido por ley, no se ejerza de manera efectiva. Con esta carta, el Gobierno quiere presionar a las comunidades a cumplir el artículo de la ley que les obliga a mantener actualizado ese registro.

Qué exige la ley

La ley del aborto reformada en 2023 contempla que cada comunidad debe disponer de un registro de objetores para organizar los servicios sanitarios y garantizar que siempre haya profesionales disponibles. Este registro no busca señalar a los médicos, sino planificar los recursos humanos para que el sistema pueda responder a la demanda sin vulnerar derechos.

Además, la norma establece que todas las interrupciones voluntarias del embarazo deben realizarse en centros públicos o concertados, salvo petición expresa de la mujer, y que la objeción de conciencia debe ser individual, justificada y previa. En otras palabras, no pueden existir hospitales enteros que se declaren objetores.

La postura del Gobierno

El Ejecutivo considera que la falta de esos registros en varias autonomías es una incumplimiento grave y una forma indirecta de restringir el acceso. Desde Moncloa aseguran que no se trata de una cuestión ideológica, sino de garantizar un derecho constitucional. “El aborto no puede depender del código postal”, afirmó una fuente del Ministerio de Igualdad.

Sánchez, en su carta, da tres meses de margen antes de recurrir a los mecanismos legales previstos, que podrían incluir requerimientos formales, intervención del Ministerio de Sanidad o, en última instancia, acciones ante el Tribunal Constitucional.

La respuesta de las comunidades

Las reacciones han sido diversas.

• En Madrid, el Gobierno regional asegura que cumple con la ley y que el problema “no es administrativo, sino médico”, defendiendo que se respeta tanto el derecho de las mujeres como la objeción de los profesionales.
• En Aragón, el Ejecutivo autonómico se ha mostrado más receptivo, pero exige apoyo económico y logístico para implementar el registro.
• En Baleares y Asturias, los gobiernos regionales reconocen retrasos, aunque los atribuyen a falta de medios y no a motivos políticos.

Desde el Partido Popular, que gobierna en varias de estas comunidades, acusan al presidente de “usar el aborto como cortina de humo” para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE. Vox, por su parte, ha sido más directo y acusa al Gobierno de “presionar a los médicos para imponer una agenda ideológica”.

Qué pretende el Ejecutivo con este movimiento

El objetivo político es doble. Por un lado, reforzar el mensaje de igualdad territorial en el acceso a los derechos, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva. Por otro, marcar perfil propio frente a los partidos conservadores y recuperar terreno en la agenda social, en un momento en que los escándalos judiciales han dañado la imagen del Gobierno.

El Ministerio de Igualdad defiende que se trata de una cuestión de coherencia: no basta con reconocer un derecho, hay que garantizarlo. Por eso insisten en que la ley debe cumplirse “en todas partes, con independencia de quién gobierne”.

Qué pasa si las comunidades no cumplen

Si en tres meses las comunidades afectadas no han puesto en marcha el registro, el Gobierno podrá emitir requerimientos formales de cumplimiento o incluso recurrir al Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales. También podría ordenar al Ministerio de Sanidad que coordine directamente el sistema de registros.

No sería la primera vez que el Estado interviene en una competencia autonómica por motivos de igualdad de derechos. Sin embargo, el Ejecutivo confía en que la presión política sea suficiente para que las autonomías actúen sin llegar a ese extremo.

Debate ético y sanitario

La cuestión de fondo va más allá de la política. El aborto en España sigue siendo un tema con una fuerte carga ética y social. Aunque las cifras de interrupciones voluntarias han descendido ligeramente en los últimos años, el acceso desigual según la región sigue siendo un problema real.

En comunidades donde la objeción médica es mayoritaria, muchas mujeres deben desplazarse cientos de kilómetros o acudir a clínicas privadas, algo que la ley pretendía eliminar. Los expertos en bioética coinciden en que el registro de objetores no vulnera derechos, sino que armoniza el ejercicio de ambos: el derecho de la mujer a abortar y el del profesional a objetar.

Qué implicaciones tiene a largo plazo

Si el Gobierno logra que todas las comunidades implanten el registro, se sentaría un precedente importante para otros ámbitos donde las autonomías interpretan de forma desigual leyes nacionales, como la eutanasia, la salud mental o la reproducción asistida.

Además, el tema del aborto puede volver a convertirse en un eje de polarización política, especialmente de cara a las próximas elecciones autonómicas. El PSOE buscará capitalizar el debate como defensor de los derechos civiles, mientras que el PP intentará reducirlo a un conflicto de competencias.

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