Nuevos avances en el caso Koldo: sobresueldos, contratos y presión al PSOE

El caso Koldo sigue creciendo y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la legislatura. La Audiencia Nacional ha ordenado investigar las cuentas de varios exdirectivos públicos y antiguos cargos del Ministerio de Transportes, dentro de una trama que apunta a adjudicaciones irregulares de contratos y a presuntos pagos opacos que salpican al entorno socialista.

Según la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), existen indicios de cinco posibles delitos relacionados con adjudicaciones públicas y cobros de comisiones en plena pandemia. El juez busca aclarar si parte de esos fondos sirvieron para financiar gastos privados o, incluso, sobresueldos dentro del partido.

El origen del caso y el papel de Koldo García

Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, se convirtió en una figura polémica tras descubrirse que intermedió en contratos de mascarillas durante la pandemia, a través de empresas con escasa experiencia sanitaria. Las investigaciones apuntan a que podría haber recibido pagos irregulares y comisiones por facilitar adjudicaciones millonarias desde el Ministerio.

Lo que comenzó como un caso de tráfico de influencias se ha transformado en una red más compleja, en la que se investigan posibles movimientos de dinero hacia terceros y una supuesta financiación irregular en torno a Ferraz, la sede del PSOE.

La sombra de los sobresueldos

El nuevo foco del juez se centra en determinar si existieron pagos en efectivo a cargos o asesores cercanos al núcleo socialista, en un sistema que recuerda a prácticas del pasado. Según el auto judicial, parte del dinero que recibía Koldo de terceros podría haber terminado en “gastos anticipados” o pagos no declarados a otros miembros del entorno político.

El exministro Ábalos ha negado rotundamente cualquier irregularidad y ha calificado las acusaciones de “fantasías políticas”. Afirma que los pagos que menciona la investigación eran “gastos cubiertos por el partido” y que posteriormente se reembolsaban, algo que el juez considera insuficiente como explicación.

El Gobierno niega financiación irregular

Desde Moncloa han cerrado filas. La ministra portavoz ha asegurado que “no existe ninguna caja B ni sobresueldos”, y ha acusado al Partido Popular de aprovechar cada filtración para construir un relato mediático. La estrategia del Ejecutivo es clara: defender la transparencia y desmarcarse de cualquier responsabilidad política.

Sin embargo, la presión aumenta. El PP exige la comparecencia inmediata de Pedro Sánchez para aclarar si tenía conocimiento de estos pagos, mientras que Vox ya ha pedido una comisión de investigación parlamentaria. Incluso algunos socios de coalición, como Podemos, han reclamado “explicaciones contundentes”.

Reacción del Partido Popular y batalla política

El Partido Popular no ha dejado pasar la oportunidad de recordar el pasado de la Gürtel, pero esta vez en sentido inverso. Su portavoz ha pedido “coherencia” y ha afirmado que “si el PSOE no tiene nada que ocultar, debe abrir los libros y dejar de esconderse detrás de los jueces”.

Para los populares, el caso Koldo podría ser el inicio de una crisis institucional que afecte a los pilares del Gobierno, especialmente por su coincidencia con otras causas abiertas, como la de Begoña Gómez. En palabras de sus dirigentes, “Sánchez necesita el aparato del Estado para defenderse de sus propios escándalos”.

El papel de la Audiencia Nacional y la UCO

El juez de la Audiencia Nacional ha respaldado las peticiones de la Guardia Civil para elaborar un nuevo informe patrimonial que trace el flujo del dinero. El objetivo es seguir la pista de cada transacción vinculada con adjudicaciones sospechosas y establecer si parte de esos fondos acabaron en manos de responsables públicos o intermediarios políticos.

En esta fase, los investigadores también han solicitado documentación de cuentas personales y corporativas, así como movimientos en efectivo. Se trata de una fase clave, porque podría ser el paso previo a nuevas imputaciones.

Cómo afecta esto al PSOE

En el PSOE intentan transmitir calma y separar los casos individuales del partido. Sin embargo, el daño reputacional es evidente. Aunque de momento no se ha imputado a ningún alto cargo actual, la oposición y buena parte de la opinión pública relacionan ya las tramas con un patrón de favoritismos, redes clientelares y uso opaco del poder.

El partido recuerda que ha colaborado con la justicia desde el primer momento y que cualquier conducta irregular deberá ser juzgada de forma individual. Pero el desgaste político ya se nota, especialmente en la gestión de la imagen del propio presidente.

Qué puede pasar ahora

Si el informe de la UCO confirma irregularidades financieras, el caso podría derivar en nuevas imputaciones y en una investigación por presunta financiación ilegal. De momento, no hay pruebas concluyentes, pero sí indicios suficientes como para mantener abierta la causa durante varios meses más.

El juez también valora la posibilidad de llamar a declarar a más testigos, entre ellos antiguos asesores de Ábalos y personal de Ferraz, para esclarecer el circuito del dinero y el nivel de conocimiento dentro del partido.

Qué está en juego

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso Koldo reabre el debate sobre la integridad de la gestión pública en España y el control sobre los contratos de emergencia. La pandemia permitió adjudicaciones rápidas, pero esa misma urgencia generó un terreno fértil para irregularidades.

Si se demuestra que hubo un sistema organizado de cobros y pagos ocultos, las consecuencias políticas serían profundas. No solo por lo que implicaría para el PSOE, sino por el impacto que tendría en la confianza institucional y en la percepción ciudadana sobre la transparencia del Estado.

Artículos relacionados