El Congreso rechaza delegar competencias de inmigración a Cataluña
El Congreso de los Diputados vivió una jornada marcada por la tensión tras el debate y votación de la propuesta para delegar competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña, un acuerdo impulsado inicialmente entre el PSOE y Junts como parte de sus pactos para garantizar la estabilidad parlamentaria.
Un debate con alto voltaje político
Sin embargo, la iniciativa no prosperó. El motivo principal fue la ruptura de apoyos en el bloque de investidura, con Podemos descolgándose del acuerdo por considerarlo un texto con posibles implicaciones racistas y con dudas sobre cómo afectaría al reparto de competencias entre administraciones.
Qué planteaba el acuerdo
La propuesta buscaba permitir que la Generalitat de Cataluña tuviera competencias más amplias en materia de gestión de la inmigración, un ámbito que actualmente es competencia exclusiva del Estado.
Entre otros aspectos, se quería transferir la capacidad de gestionar permisos, coordinar recursos y establecer políticas propias en la región, con el objetivo de dar una respuesta “más cercana” a la realidad social y económica catalana.
El plan, según sus defensores, permitiría a Cataluña gestionar mejor la integración y los servicios públicos, dado el volumen de población migrante que reside en la comunidad.
La ruptura de Podemos y las críticas al texto
La votación dio un giro inesperado cuando Podemos anunció que no apoyaría el texto presentado por PSOE y Junts. Los morados argumentaron que el acuerdo tenía elementos que podrían suponer discriminación y falta de garantías para los derechos humanos de los migrantes.
Junts, por su parte, respondió con dureza, acusando a Podemos de bloquear un avance clave para la plurinacionalidad y de alinearse indirectamente con la postura del PP y Vox, que rechazan cualquier cesión de competencias a Cataluña.
La oposición: “Un paso hacia la independencia”
El Partido Popular y Vox aprovecharon la división del bloque gubernamental para cargar contra el Ejecutivo. Aseguraron que esta medida era “un paso más hacia la independencia” y que suponía romper la igualdad de derechos y deberes entre comunidades autónomas.
Según ambos partidos, la inmigración debe seguir siendo una competencia estatal para garantizar una política común y coordinada en todo el territorio nacional.
Consecuencias para el Gobierno
La derrota parlamentaria supone un revés político para el PSOE, que buscaba reforzar su relación con Junts y avanzar en la agenda territorial. El resultado también evidencia las tensiones internas del bloque progresista, donde Podemos ya ha mostrado su desacuerdo en otros temas clave como la política migratoria y la ley de vivienda.
Además, esta votación llega en un momento de negociaciones con varios grupos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la ruptura con un socio habitual podría complicar aún más la aritmética parlamentaria.
Qué puede pasar ahora
Aunque la propuesta no ha salido adelante, Junts ha dejado la puerta abierta a seguir negociando en el futuro para retomar la iniciativa con cambios que logren más apoyos.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que seguirá dialogando con todas las fuerzas políticas para sacar adelante los presupuestos y otros acuerdos legislativos, aunque reconoce que la legislatura se complica con cada votación ajustada.
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